Niega Semarnat permiso ambiental a filial de la empresa minera Fortuna Silver Mines
Pagina3.mx / Pedro Matías
Frente No a la Minería exige la cancelación del proyecto minero
FSM ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente en Valles Centrales
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) negó el permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. filial de empresa canadiense Fortuna Silver Mines, confirmó el Frente No a la Minería que exige la cancelación del proyecto minero.
Precisó que la negación del permiso ambiental solicitado por Compañía Minera Cuzcatlán se publicó el pasado 22 de julio de 2021 en la Gaceta Oficial de la SEMARNAT ya que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.
En conferencia de prensa, los inconformes resaltaron que desde septiembre de 2020 el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a la dependencia federal negar dicho permiso, ya que, desde hace diez años, FSM ha violentado sistemáticamente el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades de Valles Centrales en el estado de Oaxaca.
Detallaron que 75 obras del proyecto minero son irregulares y fueron construidas desacatando el permiso ambiental aprobado por SEMARNAT en 2009, por lo que la empresa fue sujeta a una sanción administrativa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Pese a la campaña mediática impulsada por Fortuna Silver Mines para limpiar su imagen, la SEMARNAT resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009, al construir 75 obras irregulares sin autorización.
Según la SEMARNAT el documento entregado por Fortuna Silver Mines “carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad… la promovente no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.
Y agregó que “bajo el amparo del principio de precaución, una evaluación de impacto y riesgo ambiental es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto, y en consecuencia, su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio”.
Durante el proceso de análisis y evaluación del permiso ambiental, las 12 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs lograron comprobar las afectaciones, realizar observaciones al permiso ambiental y entregar la determinación de sus asambleas en sus declaratorias de territorio prohibido para la minería a la dependencia encargada de proteger el ambiente en el país.
El Frente conformado por autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Noria de Ortiz, sí como de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa, Servicios del Pueblo Mixe Ser y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, ratificó el acuerdo de cuidar, proteger y defender el territorio de los Valles Centrales.
Insistieron en “cancelar inmediatamente el proyecto minero ‘San José’ por incurrir en una serie de omisiones legales en materia ambiental y por generar una afectación grave al medio ambiente en los Valles Centrales”.
De igual manera, el Frente responsabilizó a la empresa minera por cualquier represalia, agresiones o amenazas que existan contra las comunidades y sus integrantes en los Valles Centrales de Oaxaca.
Las comunidades que integran el frente reivindicaron su identidad zapoteca, bajo el principio constitucional de autoadscripción; por lo que “exigimos al Estado mexicano se respete nuestro derecho de libre determinación sobre nuestras tierras, bienes naturales, comunes y territorios; así mismo rechazamos que las instituciones gubernamentales como la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, utilicen otros criterios para identificarnos”.
Finalmente, reconocieron e instaron a la SEMARNAT a seguir trabajando para que ningún interés económico se encuentre por encima de los derechos humanos de las comunidades indígenas y no indígenas afectadas por proyectos extractivos en Oaxaca y todo el país.